Resumen: El presente informe se presenta de conformidad con la resolución 61/232 de la Asamblea General. El Relator Especial acoge con agrado la decisión del Gobierno de Myanmar de convocar nuevamente a la Convención Nacional para que celebre su último período de sesiones el 18 de julio de 2007 y termine de establecer los principios de una nueva constitución, como parte de una hoja de ruta de siete etapas para la transición a la democracia. No obstante, le sigue preocupando que no se den oportunidades de participación efectiva y auténtica a la Liga Nacional para la Democracia (NLD) y a algunos grupos étnicos, que han optado por no participar debido a la falta de transparencia y de posibilidades de hacer un aporte significativo. El Relator ha señalado en varias ocasiones que no habrá una auténtica transición a la democracia en Myanmar mientras no se libere a todos los presos políticos. Dada la importancia de la última etapa de la Convención Nacional, deplora que se haya extendido el arresto domiciliario del Secretario General de la NLD y que otros presos políticos continúen detenidos. En un momento de tal importancia para el proceso de reforma política y en vista de la necesidad de una reconciliación, el tratamiento tan severo que se dispensa a los máximos dirigentes de los grupos étnicos es muy contraproducente y ha consternado a muchos ciudadanos y observadores de derechos humanos. Los problemas de derechos humanos a que se hace referencia en el presente informe son en gran medida similares a los que el Relator Especial señaló el año pasado. El Relator Especial lamenta que el Gobierno, pese a los reiterados pedidos, no lo haya invitado a visitar el país. Por este motivo, el Relator no ha podido evaluar ninguna mejora ni verificar la exactitud de las denuncias recibidas de fuentes fidedignas. Se imponen severas restricciones a las libertades fundamentales de los activistas políticos y los defensores de los derechos humanos. Al 27 de junio de 2007, se estimaba que el número de presos políticos era 1.192. En todo el país, las comunidades son objeto de malos tratos por parte de algunos miembros de las fuerzas armadas que, con el fin de consolidar el control del Gobierno y a menudo también para aplicar proyectos nacionales de desarrollo, recurren al trabajo forzoso, la confiscación de bienes y activos, y al reasentamiento de poblaciones, en particular en las zonas fronterizas en que habitan los grupos étnicos. La falta de un compromiso efectivo de parte del Gobierno de Myanmar para hacer frente a la situación de los derechos humanos sigue siendo motivo de profunda preocupación. A nivel nacional, la capacidad de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la independencia e imparcialidad del poder judicial se han visto menoscabadas por la persistente situación de impunidad. También son motivo de preocupación las restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales de los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y las víctimas de violaciones de los derechos humanos. A/62/223 07-45717 3 El Relator Especial también toma nota con gran satisfacción del entendimiento de 26 de febrero de 2007, entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno de Myanmar, destinado a ofrecer a las víctimas de trabajo forzoso un mecanismo para obtener reparación. El Relator Especial también ha observado algunos avances concretos que él considera importantes hitos en la lucha contra la impunidad en Myanmar. Entre éstos figuran el establecimiento de un mecanismo nacional que se ocupa de recibir denuncias de trabajo forzoso y el diálogo iniciado por la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados con el Gobierno, sobre la elaboración de un plan de acción para poner fin al reclutamiento de niños soldados y elaborar programas de reintegración, y el establecimiento de un mecanismo nacional para presentar denuncias sobre violaciones de los derechos humanos que se cometen contra los niños durante los conflictos armados. Estos mecanismos deben mejoran el acceso a las zonas en las que actualmente se restringe el acceso para la prestación de asistencia humanitaria, así como para la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos. El Relator Especial está convencido de que Myanmar se beneficiaría de una cooperación más activa con su mandato, teniendo en cuenta las atribuciones redefinidas por el Consejo de Derechos Humanos. Ha insistido en que es su obligación hacer públicas las denuncias de violaciones de los derechos humanos pero que ello no excluye un diálogo constructivo y continuado con el Gobierno. Estos dos elementos de su mandato pueden contribuir a una nueva dinámica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Como señala el Relator Especial en su informe anterior, no será fácil para Myanmar promover la transición política y los derechos humanos fundamentales. La colaboración entre las Naciones Unidas y la comunidad internacional es esencial para apoyar los esfuerzos del Gobierno y la sociedad civil. En sus recomendaciones, el Relator Especial alienta a la comunidad internacional a promover un marco de principios a fin de que los Estados Miembros puedan explorar muy diversas estrategias y modalidades de cooperación con Myanmar de acuerdo con sus ventajas y capacidades particulares. Es urgente que la comunidad internacional aproveche los programas de asistencia humanitaria existentes y preste apoyo en las esferas de la salud, la educación y los derechos humanos, en particular para el desarrollo de la sociedad civil.