Resumen: El mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1992/58 y prorrogado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos, en su decisión 1/102, por la que el Consejo decidió prorrogar excepcionalmente por un año los mandatos y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la Comisión. El Relator Especial no ha podido llevar a cabo una misión de investigación en Myanmar desde de noviembre de 2003. Pese a que no se le ha permitido visitar el país durante el período al que se refiere este informe, ha seguido cumpliendo su mandato en la medida de sus posibilidades, basándose en la información recibida de diversas fuentes independientes y fidedignas. En los dos últimos años, el proceso de reforma propuesto en la ?hoja de ruta de siete puntos para la reconciliación nacional y la transición democrática”, que estaba destinado a abrirse en última instancia a distintos actores pertinentes, ha quedado rigurosamente limitado y delineado. En consecuencia, el espacio político se ha redefinido de forma más estrecha. Además, una serie de obstáculos registrados en los dos últimos años han frenado el avance y limitado el carácter inclusivo de las reformas necesarias para la democratización. Esta evolución ha afectado negativamente a la labor de la Convención Nacional. Durante décadas, se ha reducido considerablemente el margen para el establecimiento de instituciones civiles y democráticas. La capacidad de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la independencia e imparcialidad del poder judicial se han visto obstaculizadas por la persistente situación de impunidad. Esta situación ha contribuido a acentuar la desigualdad y la disparidad entre los más pobres y los más ricos. El 27 de mayo de 2006, se volvió a prorrogar por 12 meses el arresto domiciliario de Aung Sang Suu Kyi a pesar de los diversos llamamientos internacionales realizados, en particular por el Secretario General de las Naciones Unidas. A finales de agosto de 2006 se estimaba en 1.185 el número de presos políticos. De abril a julio de 2006, se habría obligado a 1.038 miembros de la Liga Nacional para la Democracia a dimitir del partido, mediante intimidaciones y amenazas. El Relator Especial ha indicado reiteradamente que la reconciliación nacional requiere un diálogo fructífero y abierto con los representantes políticos y entre éstos. Cree firmemente que el arresto y la detención de varios líderes políticos o las graves y continuas restricciones de las libertades fundamentales no contribuyen a la conciliación nacional y la estabilidad en Myanmar. La persecución de miembros de partidos políticos de la oposición y defensores de los derechos humanos muestra que actualmente hay demasiados obstáculos a la hoja de ruta para la democracia, que impiden una auténtica transición. En el pasado, el Relator Especial reconoció que la hoja de ruta podía desempeñar un papel positivo en la transición política. Lamentablemente, parece que se ha perdido el impulso positivo de los primeros años de su mandato. El Relator Especial sigue particularmente preocupado por la persistente situación de impunidad, que ha cobrado un carácter sistemático y a la que el Gobierno de Myanmar deberá abordar urgentemente. Es cada vez más patente que la persistencia de la impunidad no se debe únicamente a una falta de capacidad institucional. Esta impunidad ha permitido eludir su responsabilidad a los autores de actos de opresión contra personas que habían impugnado políticas y prácticas en vigor. No se ha perseguido a varias personas y grupos que habían cometido violaciones graves de derechos humanos, en particular miembros de las fuerzas armadas. Asimismo, tampoco está demostrado que las autoridades competentes hayan investigado estos graves delitos. Las violaciones graves de los derechos humanos no sólo son conocidas y toleradas en la total impunidad por las estructuras existentes del Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, sino que hasta están autorizadas por la Ley. A este respecto, el Relator Especial también está muy preocupado por el continuo uso indebido del sistema jurídico, que no reconoce el imperio de la ley y representa un obstáculo importante para el ejercicio efectivo y verdadero de las libertades fundamentales por parte de los ciudadanos. En especial, considera sumamente preocupante que se haya tipificado como delito el ejercicio de las libertades fundamentales por los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y las víctimas de abusos en materia de derechos humanos. El Relator Especial está muy preocupado por la campaña militar en curso en zonas habitadas por minorías étnicas de Myanmar oriental y por sus efectos en los derechos humanos, en especial en la población civil contra la que se han dirigido los ataques. La situación debería examinarse con relación a la práctica ampliamente extendida de confiscación de tierras en todo el país, destinada aparentemente a consolidar el control militar, especialmente en zonas habitadas por minorías étnicas. Esta práctica ha conducido a numerosos desalojos, traslados y reasentamientos forzados, así como a situaciones de migración y desplazamiento forzosos dentro del país. Habida cuenta de la envergadura de la actual campaña militar, la situación podría desembocar en una crisis humanitaria si no se hace frente a ella inmediatamente. El Relator Especial toma nota de la votación reciente del Consejo de Seguridad, el 15 de septiembre de 2006, para incluir a Myanmar en su orden del día. Considera que el próximo debate sobre Myanmar en el Consejo podría brindar una oportunidad de acelerar el proceso de transición hacia la democracia.