"... La Comisión indica que a pesar de las indicaciones y de los argumentos del Gobierno ninguna de estas recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta y aceptadas por el Gobierno se ha llevado a cabo. A pesar de las promesas que viene realizando desde hace mucho tiempo, así como de la buena fe que el Gobierno dice que tiene, todavía no se ha enmendado la ley de aldeas y la ley de ciudades. Y aunque la orden núm. 1/99 y su orden complementaria, han sido ampliamente difundidas, en sí misma la orden no ha acabado con la imposición de trabajo forzoso, en particular por parte de los militares. No hay ninguna indicación de que las instrucciones específicas y concretas necesarias, y las disposiciones presupuestarias se hayan tomado o se hayan preparado con vistas a reemplazar efectivamente el trabajo forzoso ofreciendo salarios decentes y condiciones de empleo para atraer libremente a los trabajadores que se necesiten. Por último, no existe ninguna indicación de que ninguna persona responsable de la imposición de trabajo forzoso y otros delitos normalmente concomitantes haya sido sentenciada o incluso procesada en virtud del artículo 374 del Código Penal o cualquier otra disposición, de conformidad con el artículo 25 del Convenio."